17 de Junio de 2026.-
Ante las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el senador Enrique Inzunza renunció este miércoles a la aspiración por la gubernatura del estado de Sinaloa.
A través de redes sociales compartió un mensaje en el que detalló su carrera política con el fin de darle veracidad y sustento a su compromiso con los sinaloenses.
En este extenso mensaje, resaltó que alrededor de 700 mil sinaloenses le dieron la responsabilidad de representarlos en el Senado de la República hasta 2030, por lo que se mantendrá en su cargo hasta terminar su periodo.
"Defiendo la veracidad de mi vida al servicio de las instituciones de mi estado y mi país, y al proyecto de transformación que inició en 2018; mi causa ha sido, es y será proseguir la andadura de consolidación del estado constitucional de bienestar en México, desde el ejercicio de mi labor legislativa como Senador de la República, que ejerzo con ciencia y a conciencia.
Esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses, y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030".
Anteriormente, Inzunza Cázarez afirmó que responderá a cualquier requerimiento realizado por México, conforme a sus atribuciones constitucionales, y reiteró que no cuenta con abogados.
¿De qué acusa Estados Unidos al senador Enrique Inzunza?
El legislador fue señalado, junto con el gobernador Rubén Rocha, por presuntos vínculos con una organización delictiva que opera en Sinaloa.Según un informe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), se le atribuye haber brindado protección al grupo criminal encabezado por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Las autoridades estadounidenses sostienen que habría utilizado su influencia política tanto durante su gestión como Secretario General de Gobierno de Sinaloa como posteriormente en el Senado.
Entre los señalamientos en su contra figuran facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, además de la posesión de armas de fuego y la filtración de información de inteligencia relacionada con operativos de seguridad.